Por Fernando Ayala // Contenido publicado en La Mirada Semanal
Un triunfo histórico obtuvo el pueblo chileno con el resultado del plebiscito del pasado 25 de octubre: 78.27% por el Apruebo y 21.73% por el Rechazo, mientras que la Convención Constituyente, es decir, 100 por ciento de representantes elegidos para redactar la nueva constitución, obtuvo el 78.99% y quienes apoyaban una Convención Mixta -formada la mitad de los actuales parlamentarios y otra mitad elegida- alcanzó el 21.01%. La participación electoral llegó al 51%.
Las celebraciones y alegría por los resultados se extendieron por todo el país, mientras el gobierno de Sebastián Piñera daba explicaciones para calmar a sus partidarios, muchos de los cuales votaron favorablemente para poner fin a la constitución aprobada bajo la larga noche de la dictadura de Augusto Pinochet. Incluso entre los ministros de su gabinete se produjo una división entre los partidarios de una nueva carta fundamental y los que proponían reformarla. El presidente deberá decidir si continuar gobernando con ellos o solicitarles la renuncia. Una decisión compleja, principalmente con quien debe mostrar el rostro de Chile en el exterior, como es el ministro de relaciones exteriores, Andrés Allamand, un conservador que se fue al extremo más duro de la derecha oponiéndose a una nueva constitución.
El presidente deberá decidir si continuar gobernando con ellos o solicitarles la renuncia.
Andrés Allamand, un conservador que se fue al extremo más duro de la derecha oponiéndose a una nueva constitución.
Pese a la pandemia del Covid19 y a la campaña del terror que lanzó la derecha por los medios y redes sociales, acusando de complicidad a la oposición por los brotes de violencia ocurridos en los últimos meses, la gente no hizo caso y privilegió el concepto de Dignidad, por el que masivamente se había manifestado exigiendo mayor igualdad en educación, salud y pensiones, junto a demandas históricas por la propiedad pública del agua y el respeto a los derechos humanos, violentados por la represión policial del actual gobierno. Durante 17 años de la dictadura formada por civiles y militares que encabezó el general Pinochet, la derecha jamás alzó la voz por la violencia sin precedentes que dejó millares de muertos, desaparecidos, asesinatos en el extranjero, torturados y exiliados. La derecha fue cómplice de la página más negra de la historia de Chile y hoy alza la voz pretendiendo vestirse con un traje inmaculado de pureza. Son el mismo sector económico y político que se enriqueció con las privatizaciones truchas y que aprovecharon a los militares hasta el último día de la dictadura para dejar instalado un sistema neoliberal extremo y una constitución que les aseguraba el control político, aunque no gobernaran, como lo señaló uno de sus principales ideólogos.
La derecha fue cómplice de la página más negra de la historia de Chile y hoy alza la voz pretendiendo vestirse con un traje inmaculado de pureza.
La violencia ha provocado grandes cambios a lo largo de la historia. La revolución francesa es un buen ejemplo del costo que se pagó por imponer las ideas de democracia, separación de poderes y acabar con el absolutismo. Las luchas de independencia en América, incluyendo la de los estadounidenses contra los británicos o las guerras contra el imperio español en todo el continente, son prueba de ello. En el caso de Chile, es duro reconocerlo, pero la coalición de derecha del presidente Piñera jamás hubiera aceptado un plebiscito si no se hubiesen producido hechos violentos luego del estallido social del 18 de octubre de 2019. En un par de semanas fueron quemadas más de 20 estaciones del metro de Santiago, saqueados decenas de supermercados en varias ciudades, al igual que pequeños comercios, farmacias, ataques reiterados a cuarteles policiales y una represión desatada de la autoridad que dejó muertos y a centenares de personas con daños oculares permanentes. Un régimen democrático no puede permitir, tolerar o justificar la violencia debido a que rompe la principal norma de una sociedad como es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tampoco es permitido a un gobierno que ampare, justifique o no sanciones las violaciones a los derechos humanos -como ha ocurrido en el último año- a los encargados del orden público, como son Carabineros de Chile. Por ello es fundamental el respeto al Estado de derecho y el adecuado comportamiento de las fuerzas del orden, a quienes se les entrega el monopolio de las armas.
En el caso de Chile, es duro reconocerlo, pero la coalición de derecha del presidente Piñera jamás hubiera aceptado un plebiscito si no se hubiesen producido hechos violentos luego del estallido social del 18 de octubre de 2019.
El camino para una nueva constitución ha dado su primer paso, pero no hay que engañarse. Los sectores duros de la derecha se resistirán, pondrán obstáculos y desde luego ya se oponen para incorporar proporcionalmente en la elección de los constituyentes a los pueblos indígenas, que representan el 12% de la población chilena. No han aceptado hasta ahora el carácter plurinacional del país, pero la derrota en el plebiscito ha sido tan profunda que el poder de negociación de la coalición ha quedado muy debilitado. La elección de los constituyentes será una batalla dura, donde se usarán muchos recursos económicos para evitar que se obtengan los dos tercios y así mantener espacios para asegurar visiones valóricas e ideológicas. Una vez elegidos los constituyentes tendrán nueves meses para redactar la que será la Carta Fundamental y eventualmente el plazo podrá ser prorrogado en tres meses más. Todas las resoluciones deberán ser acordadas por los dos tercios de los constituyentes por lo que la elección de los 155 miembros, mitad hombre y mitad mujeres, será fundamental. Se vienen tiempo difíciles para el gobierno y la derecha, pero también para la oposición de centro e izquierda, divididos en las eternas rencillas que han caracterizado al sector, pese a que la evaluación ciudadana ha sido implacable con todos los partidos políticos, de un lado y de otro. El centro izquierda chileno, al igual que en muchos otros países, está en una búsqueda desesperada de un líder, hombre o mujer con visión de estadista, que logre conducir, dar una mirada larga al futuro y proponer un programa que abarque los sueños y aspiraciones de la inmensa mayoría que clama por una sociedad más justa. No será fácil, el desafío es enorme ya que requiere liderar, asegurar el crecimiento económico sustentable y responder a las múltiples demandas de los más variados sectores de la sociedad chilena.
El camino para una nueva constitución ha dado su primer paso, pero no hay que engañarse.
La elección de los constituyentes será una batalla dura, donde se usarán muchos recursos económicos para evitar que se obtengan los dos tercios y así mantener espacios para asegurar visiones valóricas e ideológicas.
Se vienen tiempo difíciles para el gobierno y la derecha, pero también para la oposición de centro e izquierda
